REFORMA
23 DE MARZO
Señala la CDHDF que el sistema penal actual genera víctimas pero no baja delitos
Diana Martínez
Ciudad de México (23 marzo 2010).- A pesar de que el arraigo se implementó como una medida para combatir la delincuencia organizada, esta figura es utilizada para perseguir delitos menores, lo que representa un retroceso en el sistema de justicia, acusaron especialistas en derechos humanos.
"El estado utiliza el arraigo de dos formas, violando lo que está en la reforma constitucional que lo limita para la delincuencia organizada: vemos personas acusadas de carterismo en el Metro arraigadas a 60 días, o la señora que hace cirugías plásticas, arraigada también porque eso es un elemento de aplicación del arraigo", señaló Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Durante el foro Los Retos de la Implementación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, especialistas en la materia aseguraron que el arraigo deriva en constantes violaciones a los derechos humanos, por lo que se debe limitar esta figura.
Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, aseguró que actualmente el sistema penal sólo produce víctimas y no disminuye los delitos.
En ese sentido, Mercedes Peláez, Primera Visitadora de la CDHDF, lamentó que el arraigo sea una medida desesperada tras agotarse la prisión preventiva.
"Cómo ya no nos alcanza la prisión preventiva, ahora nos vamos con el arraigo", criticó.
Gutiérrez Contreras exhortó a garantizar el acceso de los arraigados a una defensa, además de investigar los posibles casos de tortura.
"De nada nos sirve haber incluido la presunción de inocencia, si también incorporamos en la Constitución figuras como el arraigo", señaló el activista.
Álvaro Vizcaíno, secretario Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que el arraigo no es una medida racional que obedece a que no hay una investigación científica del delito por parte de las corporaciones policiacas.
"Habría que preguntarnos si el Ministerio Público está haciendo un uso racional de las medidas cautelares que solicita al juez y si éste otorgó la medida cautelar más conveniente o simplemente de forma automática concedió un arraigo porque se lo pidieron cuando pudo ver en el catálogo de medidas cautelares una amplia gama de alternativas", criticó.
Detalló además que en países como Francia e Inglaterra dos de cada tres delitos se resuelven con investigación científica.
En este foro, al que asistieron funcionarios del ámbito de la administración y procuración de justicia, se urgió a rediseñar el proceso penal para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
MILENIO
23 de marzo
Conago, por crear la policía estatal única
Representantes de 31 estados plantean suprimir corporaciones en los municipios.
Con la aprobación de ocho gobernadores, incluida la zacatecana Amalia García, y con el aval de otras 23 entidades federativas, la plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentará este día la propuesta de crear el modelo de policía única en los estados.
Los gobiernos locales acordaron proponer que los cuerpos policiales federales deberán informar a los estatales de las incursiones que realicen. La plenaria de la Conago se realizará este martes en Michoacán.
En la reunión preliminar de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago, el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Bernardo González, hizo la presentación del nuevo modelo de policía estatal única, que prevé suprimir las corporaciones municipales.
En dicha exposición se señaló de forma reiterada que las corporaciones de policía federal “no podrán actuar sin notificar a las autoridades estatales”.
De acuerdo con el documento base, la policía única estatal también podrá participar en cuestiones de desarrollo humano y en el combate a las actividades financieras del crimen organizado.
Los integrantes del mencionado cuerpo policial, se añade en la exposición del académico, contará con tecnología de punta, capacitación y salarios adecuados, además de participar en certificaciones nacionales e internacional.
La propuesta fue aprobada por unanimidad por los gobernadores Leonel Godoy (Michoacán), Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Amalia García (Zacatecas), Fernando Toranzo Fernández (San Luis Potosí), Guillermo Padrés Elías (Sonora), José Reyes Baeza Terrazas (Chihuahua), Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (Guerrero) y Mario Marín Torres (Puebla), además de los representantes de Morelos, Yucatán, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Durango, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo, Colima, Baja California, Veracruz, entre otros.
Reporta Centro Fray Bartolomé
La procuradora de Chihuahua pidió a la población asistir a las audiencias en las que 101 sicarios son procesados
Corresponsal
CHIHUAHUA. La procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, invitó a los habitantes de Ciudad Juárez a presenciar los juicios orales en contra de 101 sicarios del narcotráfico que han sido detenidos y procesados en dicha frontera, los cuales serán en breve presentados a los jueces.
En una entrevista para la televisión local, la procuradora hizo el inusual anuncio: “Yo invito a los ciudadanos a que acudan a las audiencias de debate de juicio oral, donde el juez pondera todas las pruebas que presentan los fiscales del estado y también la prueba de la defensa, y define si una persona es culpable o no”.
La intención es que los habitantes de Ciudad Juárez, quienes se han visto agobiados por la violencia del crimen organizado, específicamente por las presenciar el proceso que se sigue contra estos presuntos criminales y que perciban que el estado trabaja para acabar con la impunidad, al aplicar un castigo a estos probables asesinos.
Días antes, al presentar a cuatro asesinos múltiples en Ciudad Juárez, la procuradora dijo que la fiscalía del estado pedirá para todos y cada uno de los procesados la pena máxima por homicidio calificado, que en Chihuahua es de 40 años de cárcel.
Agregó que en algunos casos, de resultar responsables, algunos de ellos pudieran alcanzar una sentencia equiparable a una cadena perpetua, ya que al ser multihomicidas, la pena se les acumularía y podrían alcanzar hasta 100 años de cárcel.
La funcionaria adelantó que son más de 100 los hombres que han sido detenidos en Ciudad Juárez y que han confesado dedicarse al sicariato, esto es, que son pistoleros o asesinos a sueldo de grupos de narcotraficantes o del crimen organizado.
La procuradora confió que estos criminales recibirán una condena ejemplar, ya que la fiscalía del estado ha reunido las pruebas suficientes y necesarias para demostrar la culpabilidad de los criminales, donde se comprobará que participaron en varios homicidios, algunos de ellos en ejecuciones sumarias o masacres como la de estudiantes en Villas de Salvarcar o de adictos en rehabilitación en algunos centros de apoyo y oración en Ciudad Juárez.
EXCELSIOR
24 DE MARZO
Acuerda Conago impulsar un mando unificado de policías
Alonso Urrutia; Ernesto Martínez y La Jornada Michoacán
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de marzo de 2010, p. 7
Morelia, Mich., 23 de marzo. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó impulsar reformas legales que permitan llegar a un mando unificado de las policías en los estados a fin de incrementar la eficiencia en el combate a la inseguridad. Con el consenso del gobierno federal (alcanzado la víspera en la cena con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont), se dijo que la forma de superar la crisis de seguridad nacional es mejorando la coordinación.
La Conago también emitió un pronunciamiento –relativo a la Reunión de Alto Nivel Mexico-Estados Unidos– para respaldar la demanda mexicana de que exista mayor corresponsabilidad estadunidense en la lucha contra el narcotráfico. El esfuerzo binacional debe ser equitativo y eficaz. Estados Unidos debe reducir el consumo de estupefacientes y el paso de drogas a su territorio, así como el trasiego de armas y dinero de procedencia ilícita a México, leyó el mandatario michoacano, Leonel Godoy.
Demandaron que sean convocados representantes de la Conago a estas reuniones cuyos acuerdos impactan a las entidades, y pidieron que exista, por ambos países, una política integral para enfrentar el problema en la frontera. La actuación aislada de las políticas y fuerzas nacionales es insuficiente, por lo que se requiere de la mayor coordinación entre ambas, según el señalamiento que fue cabildeado la víspera, durante la cena con Gómez Mont.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que para enfrentar al crimen organizado no se requiere de mayor armamento, sino una mejor estrategia que vaya más allá de lo policiaco y pugne por la integración social en la frontera. Los priístas Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, plantearon la necesidad de consolidar la lucha contra el crimen organizado en la frontera con una mayor coparticipación de Estados Unidos.
La propuesta de la Comisión de Seguridad sobre la unificación del mando policiaco tuvo eco entre mandatarios de las tres principales fuerzas políticas, las que consideraron que se hace necesario que los poderes legislativos, federal y estatales, realicen las reformas necesarias.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien presentó la propuesta, manifestó: Enfrentamos una auténtica crisis de seguridad nacional y hechos de barbarie que rechazamos categóricamente. Es claro que la actual organización de la seguridad pública en el país favorece la desarticulación, hay esfuerzos inconexos y respuestas aisladas, y así no hemos podido avanzar.
Dijo que en la actualidad la coordinación se deja al arbitrio de los funcionarios en turno, por ello es necesario impulsar el modelo policial único que favorezca una policía científica y de investigación, así como revisar esquemas financieros y presupuestales para hacer frente a este modelo.
En materia de financiamiento, indicó que son recomendables nuevas adecuaciones para que los fondos federales destinados a la seguridad pública se destinen de acuerdo con las necesidades de cada entidad.
En entrevista, Marcelo Ebrard destacó que la unificación policiaca por entidad –es inviable a nivel nacional– será útil para hacer más eficiente el combate a la delincuencia, pues mejorará las capacidades de respuesta. Consideró que el punto vital es el financiamiento, porque sin recursos para capacitación y equipo de nada serviría la unificación, estimando que anualmente esto implicaría una partida de entre 60 mil y 70 mil millones de pesos.
Sobre el tema, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, comentó que en la cena del lunes el tema principal con Gómez Mont fue la propuesta de mandos únicos a nivel federal y estados. Indicó que otra de las demandas que le hicieron al funcionario los gobernadores de PRI y PRD fue que la seguridad pública no se politice ni se utilice en las campañas electorales.
A la reunión también asistió el líder del Senado, el perredista Carlos Navarrete Ruz, quien en conferencia de prensa destacó su disposición a revisar la propuesta de reforma para la policía única; asimismo dijo esperar que nunca más haya gobernadores que se quejen de “operativos sorpresa” en sus entidades, y dijo que el Senado respalda las negociaciones en la reunión binacional, pero bajo ningún concepto se aceptaría la participación de extranjeros en el país.
La reunión de la Conago se realizó en la Casa de Gobierno bajo un gran despliegue de fuerzas de seguridad en el que participaron 400 policías estatales, 200 efectivos militares y un grupo amplio de miembros de la Policía Federal.
Miguel Carbonell
Ecos de guerra civil
25 de marzo de 2010
Las declaraciones del ex zar antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Barry McCaffrey, vinieron a recordarnos algo que ya sabíamos: vivir en Ciudad Juárez es más peligroso que vivir en Kabul o en Bagdad (EL UNIVERSAL 23 de marzo de 2010).
Los saldos de la “guerra” contra el narco son cada vez más impresionantes. Hemos pasado de tener mil 80 personas ejecutadas en el año 2001, hasta la increíble cifra de 7 mil 724 ejecuciones en el año 2009. Durante los primeros dos meses y medio de 2010 ya se han superado las 2 mil 800 ejecuciones (más de 250 se produjeron la semana pasada, la más sangrienta desde 2006).
La enorme indignación pública que ha causado la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es solamente la gota que derrama el vaso de una sociedad cuyas perspectivas parecen cerrarse cada día. Por una parte tenemos un Estado que parece inerme y que, cuando actúa, no siempre lo hace bien; por otro lado, nos amenazan las redes criminales y mafiosas de los cárteles que siguen obteniendo miles de millones de dólares por traficar las muchas toneladas de droga que se consumen año con año en Estados Unidos. En medio del fuego cruzado está la sociedad mexicana, abatida y temerosa.
Aunque el epicentro de la violencia que es Ciudad Juárez (2 mil 635 ejecutados durante 2009 en ese municipio), no permite advertir la gravedad de la situación en otras partes del país, lo cierto es que el fuego cruzado se sigue extendiendo. Policías y militares mexicanos están librando una lucha sin cuartel, heroica en muchos casos. También, desgraciadamente, hay oficiales públicos que trabajan para el narco y que están hasta el cuello de corrupción y podredumbre. Ha habido excesos, violaciones de derechos humanos, torturas. Todo eso se ha documentado y la sociedad debe estar atenta para que no se queden impunes esos abusos.
Pero debemos también proponer medidas que nos hagan mirar más allá de la penosa, dramática situación en la que nos encontramos. Una de ellas acaba de ser solicitada por la Conago al Congreso de la Unión: modificar el artículo 115 constitucional para efecto de “desaparecer” las corporaciones policiacas municipales y avanzar hacia un esquema de policías estatales con 32 mandos a nivel nacional. Se trata de una idea que va en la línea de lo que ha propuesto desde hace tiempo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El punto es interesante precisamente porque la mayor vulnerabilidad (no la única) del Estado mexicano frente a la delincuencia se ha dado en ese primer nivel de gobierno.
Atender los temas locales de inseguridad debe ser una prioridad absoluta, dado que 93% de todos los delitos cometidos en México son de competencia local. Las policías municipales y estatales representan 91% del total de la fuerza disponible en el país, pero su equipamiento y su capacitación son bastante precarios.
Algunos datos ilustran bien la debilidad de los cuerpos policiacos locales: 40% de los policías municipales gana menos de 4 mil pesos al mes, 38% gana entre 4 y 10 mil pesos; solamente 0.7% gana más de 10 mil pesos mensuales. El 55% de ellos tiene una instrucción equivalente o inferior a primaria. El 70% de ellos tiene un nivel inferior a los 10 años de escolaridad (en Estados Unidos los policías tienen, en promedio, dos años de estudios universitarios). La Auditoría Superior de la Federación sostuvo en 2007 que solamente uno de cada cuatro policías locales tuvieron algún tipo de capacitación.
Esa es la realidad que tenemos frente a nosotros. La gran pregunta que le hace la Conago al Congreso de la Unión es si vale la pena caminar hacia un esquema de mayor concentración de responsabilidades y, se supone, de más simple rendición de cuentas (no es lo mismo exigirle a 32 jefes policiacos estatales que a los 2 mil 500 jefes de policía municipal que hoy tenemos en México).
Con independencia de la mejor manera en que se distribuyan las competencias policiacas, también habrá que trabajar en dos asuntos complementarios e igualmente importantes: a) hacer de la profesión policial algo digno, bien reconocido socialmente y con un sueldo adecuado; b) contribuir desde la sociedad civil en el combate a la inseguridad, por medio de un debate público bien fundamentado y, sobre todo, a través de la denuncia permanente cuando seamos víctimas o testigos de un delito. El Estado mexicano no puede solo. La sociedad debe poner de su parte. Lo que está en juego es el país.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM

